Durante el inicio de 2025 en Arica, surgieron nuevas controversias que involucran tanto a una exautoridad regional como a un integrante del Poder Judicial.

Por un lado, la Contraloría observó una acción realizada por el exgobernador Jorge Díaz, relacionada con la entrega de alfajores que incluían propaganda con su nombre. El organismo cuestionó este hecho, señalando que podría interpretarse como un uso indebido de la imagen personal de la autoridad para atribuirse iniciativas que corresponden institucionalmente al Gobierno Regional, lo que no se ajusta a la normativa que regula la función pública.

En paralelo, el juez de Familia Luis Jorquera vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser denunciado por presuntas amenazas de muerte contra funcionarios de su propio tribunal. A raíz de estos hechos, se inició un sumario administrativo y también una investigación en la Fiscalía.

Según los antecedentes recopilados, el magistrado habría emitido expresiones que generaron temor entre los trabajadores, afectando el ambiente laboral y siendo consideradas como un trato inadecuado hacia sus subalternos. Esto derivó en cargos por faltas graves vinculadas al respeto y la convivencia dentro del entorno laboral.

Además, el caso se enmarca en la normativa de la llamada “Ley Karin”, que busca prevenir y sancionar situaciones de acoso laboral y violencia en el trabajo, ya que las conductas denunciadas habrían provocado estrés y afectación psicológica en los funcionarios.